La liberación otorgada por la Justicia en menos de 24 horas a un motochorro que asaltó a una turista griega derivó en una polémica que llegó hasta la Casa Rosada y que podría tener consecuencias de fondo.
El presidente salió a criticar a quienes decidieron soltar en tiempo récord al sospechoso, la ministra de Seguridad se sumó y el Ministerio Público Fiscal defendió al funcionario que intervino. Pero el tema no terminó ahí: el Gobierno anunció que buscará modificar tres artículos del Código Procesal para limitar las excarcelaciones.
Un motochorro que tenía una camioneta como apoyo le arrebató un Rolex a una turista griega que caminaba con un compatriota. La Policía detuvo al ladrón y, mientras lo identificaba, apareció una mujer que lo denunció por un asalto ocurrido la semana pasada.
El fiscal Anselmo Castelli decidió no realizar el procedimiento de «flagrancia»(permite emitir una sentencia en 48 horas ante un caso «in fraganti») y lo derivó al juez Gabriel Ghirlanda, que liberó al acusado el lunes a la tarde.
Aunque todavía no indicaron ni cómo ni cuándo se realizarían estas modificaciones, apuntarían a una reforma de los artículos 316, 317 y 318, que regulan los procedimientos de las excarcelaciones y la exención de prisión. La intención oficial es que haya más restricciones para conceder estos beneficios a quienes roben en moto.
«El Ministerio de Seguridad va a poner en discusión en el Gobierno la modificación de estos tres artículos, por el tema motochorros», confirmaron los voceros de esa cartera.
La decisión se tomó luego de una reunión entre funcionarios de esa cartera y el procurador, Eduardo Casal.
Igual, el Ministerio Público salió a respaldar al fiscal Anselmo Castelli.
A través de un comunicado en el sitio Fiscales.gob.ar, señalaron: «La fiscalía dispuso no aplicar al caso el procedimiento contemplado en la Ley de Flagrancia por entender que no se daban las causales necesarias para ello». Y aclararon que eso no implica «de ningún modo que los hechos no serán investigados».
La última modificación del Código Procesal Penal se aprobó en diciembre de 2018 en el Congreso a partir de un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano. En el trámite sufrió modificaciones que dejaron afuera cambios sobre las excarcelaciones que ahora vuelven a estar en la mira del Gobierno.
Fuente: Clarín.
